Inseguridad y violencia en Venezuela (II parte)
Uno de cada tres hogares venezolanos padeció un delito en 2008
Milagros Socorro
-Es un hecho que el régimen de Chávez ha modificado, para bien o para mal, la sociedad venezolana; en particular, ha ido deshilvanando progresivamente el tejido liberal de la democracia venezolana. Hoy el pluralismo, el sistema de libertades, la convivencia y la igualdad política están seriamente disminuidos.
Esta observación pertenece a la profesora Gladys E. Villarroel, quien la expresó en su ensayo “El contexto político de la violencia”, contenido en el volumen “Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008”, que acaba de aparecer en Caracas, con el sello de Editorial Alfa.
Este informe, que aborda la problemática de la violencia en sus múltiples facetas, fue coordinado por los catedráticos de la UCV, Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV; Olga Ávila, coordinadora del LACSO y del OVV; y Alberto Camardiel, director de Análisis de Datos del LACSO y del OVV.
-El programa jacobino, liderado por el actual presidente de Venezuela, -continúa Gladys E. Villarroel- se basa en la visión universalista, utópica y totalizante que proviene del «campo magnético» del marxismo. Acoge su interpretación de la historia y de la vida social como un conflicto irreconciliable entre clases –lo cual hace de la violencia un medio legítimo para la acción política– y niega existencia a la negociación y la búsqueda de consenso; le otorga preeminencia a la comunidad sobre el individuo y sus derechos y pone la política por encima de cualquier otra dimensión social. En este programa, el Estado domina (o se propone dominar) toda la sociedad: el mundo económico, la política, la cultura, la vida personal, al amparo de una ideología unificadora, excluyente, incompatible con otros sistemas de ideas e impermeable a la crítica.
Falta de denuncia e impunidad
Tal como establece el estudio “Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008”, en uno de cada tres hogares se verificó un delito entre junio de 2007 y junio de 2008. Fueron mayormente delitos contra la integridad personal en busca de la propiedad ajena.
“Así mismo, podemos concluir que se manifiestan como tendencias persistentes que: (1) dos de cada tres delitos no se denuncian, porque los agraviados no tienen confianza en las autoridades, (2) las víctimas son hombres jóvenes en su mayor parte, (3) el homicidio es mayormente nocturno y los delitos restantes son, por el contrario, diurnos, (4) ambos acontecen principalmente en la vivienda de la víctima o en la zona donde vivía la víctima y (5) aunque ocurren sobre todo en días laborales, hay una mayor concentración de delitos por día durante los fines de semana. Según Alberto Camardiel, “muchos actos violentos y delitos no se reportan por miedo a la policía o porque se considera que de nada vale hacerlo. No existe una preparación que estandarice el trabajo de los funcionarios que alimentan los sistemas de registros; y en algunas situaciones son los policías los que omiten el registro de los delitos y así por el estilo.
“La no denuncia por temor a las represalias de los delincuentes (16%), supone que se mantiene un sombrío vínculo entre éstos y sus víctimas, que prolonga el sufrimiento y la inseguridad de éstas aun después del momento de la ocurrencia del delito violento. Para los delitos distintos del homicidio, el índice de denunciabilidad se ha mantenido alrededor del 36% desde el año 2004. De forma análoga, más del 59% de los entrevistados aducen como la razón más frecuente para no denunciar que las autoridades no hacen nada, lo que resulta totalmente justificado porque más del 79% (excluyendo el año 2004) afirma que, ciertamente ,no se ha hecho nada en relación con las situaciones delictuales sufridas por alguna persona de su hogar y que fueron denunciadas”.
-En el mejor escenario, -sigue Camardiel -más de la mitad de los homicidios quedan impunes, según lo expresado por los afectados. Sin castigo a la vista o con muy pocas posibilidades de que el delincuente sea sancionado, un hecho que es del dominio público, resultaría extraño que las personas que tengan razones para delinquir no lo hagan. La marcada impunidad que describe la encuesta es una de las causas que explica el crecimiento sostenido del delito que estamos presenciando desde hace ya bastante tiempo en el país.
Un país aterrado
Las siguientes informaciones fueron entresacadas de diversos capítulos de la publicación.
*En ciudades como Caracas, y en general en el territorio venezolano, sentir miedo se ha convertido en una condición de la vida cotidiana de los ciudadanos. La gente se siente poco segura, incluso en su propia casa.
*El 61% de la población siente mucho o algún temor de ser víctima de algún delito, 18% tiene un poco de temor, mientras que sólo el 21% no siente temor. Ese temor en la población en su propia casa existe con independencia del sexo, de la edad, del estado civil, del nivel educativo, de las creencias religiosas o políticas o nivel socioeconómico. Es interesante este resultado, pues a pesar de las medidas de seguridad que rodean las viviendas de todos los sectores sociales, en el barrio, en la urbanización o donde sea que se encuentre lavivienda, las personas tienen temor en sus casas.
*El 80% de los venezolanos siente temor en las calles de la comunidad durante el día; y la mitad siente mucho temor de ser víctima en el contexto inmediato donde habita.
*El hecho de que la mayoría de los venezolanos no se sientan seguros en los sitios donde viven, ni dentro, ni fuera de su casa, contribuye al debilitamiento de los vínculos sociales y del sentimiento de comunidad necesario para la convivencia.
*La realidad de Venezuela a finales de la primera década del siglo XXI es que se ha perdido la ciudad, la posibilidad de ejercer la ciudadanía, de disfrutar los derechos de libre circulación y del derecho a la libertad. Los venezolanos han limitado la circulación libre por la ciudad, por la comunidad y han dejado de disfrutar de los espacios públicos, así como de compartir y exhibir los espacios comunitarios. Todo como resultado de la segmentación y desarticulación de las áreas comunes para evitar ser víctima de algún delito.
*La encuesta realizada por LACSO incluyó una pregunta para sondear
cuán de acuerdo estaban los entrevistados con la manera como el Gobierno nacional estaba afrontando la situación de inseguridad; y poco más de la mitad de los encuestados, un 54%, respondió que estaba en desacuerdo. En contraparte, casi una tercera parte, un 29%, dijo que sí estaba de acuerdo con el tipo de respuesta que estaba dando el Gobierno. En todos los sectores sociales, la mitad, o más de la mitad de las personas, rechazan la política del Gobierno en seguridad ciudadana.
Tolerancia hacia la violencia
Al resumir los resultados de la investigación adelantada para evaluar la percepción de los venezolanos frente a la violencia, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:
• Se constata un clima de agresividad en el espacio doméstico; más de la mitad de los entrevistados reportaron que los conflictos intrafamiliares y entre pareja son resueltos con el uso de agresiones verbales y físicas.
• Prevalece cierta intolerancia e incapacidad para el disciplinamiento de los hijos y la solución de problemas con la pareja, situaciones que hacen posible la reproducción de un círculo perverso de aprendizaje de modelos violentos para la resolución de conflictos.
• Se reproduce el patrón cultural de aprobación de la extrema violencia, del mismo modo que se observa una versión moralista de la pena de muerte basada en el incremento de la violencia delincuencial y la supuesta necesidad de defender la vida y realizar la limpieza social. Esta situación, lejos de disminuir la violencia, pudiera estar contribuyendo a la destrucción de formas pacíficas de relacionarse en los espacios de socialización, se difiere el proceso de ciudadanización y se reproduce la fragmentación social, lo que exige fortalecer el Estado de Derecho.
• Si bien el derecho a matar no está en la ley, se está constituyendo en una base arraigada en la cultura. Igual ocurre con la aprobación de la acción extrajudicial de la policía, la cual se expresa como una norma cultural que coexiste con la formalidad del Estado de Derecho.