Milagros Socorro
“Me detuvieron el 16 de abril a las 4:30 pm. Me llevaron al Destacamento 47 de la Guardia Nacional a punta de golpes y peinillazos. En el destacamento me mantuvieron en cuclillas durante seis horas y me daban golpes en la cabeza con botellas de agua congelada. Al día siguiente me aplicaron electricidad dos veces. Me querían obligar a firmar una carta de reconocimiento del triunfo electoral de Nicolás Maduro. En vez de firmar, yo dibujé una casa y me clavaron el bolígrafo en la mano”.
Este es un fragmento del testimonio ofrecido por Ivonne Echenagucia a la prensa. Con inmensa valentía y la determinación de plantarse frente a sus torturadores, la joven chef de cocina narró los abusos de que fue víctima en abril de este año, cuando fue detenida por la policía durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en Barquisimeto, estado Lara, contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 14-A, cuando el candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, fue impuesto por el CNE pese a la ínfima diferencia de votos y a los alegatos de la oposición democrática con respecto a la gran cantidad de irregularidades que viciaron ese proceso.
Pasados cuatro meses de los atropellos, Ivonne Echenagucia todavía tenía marcas de los maltratos en los brazos. Había sido detenida con otras dos mujeres: Sondra Barreto y Marvic García, que también fueron torturadas durante varios días. Y, sin embargo, las tres están acusadas del delito de “ultraje a funcionario” y tendrán que comparecer ante los tribunales. Esto significa que, en vez de ser resarcidos por los crueles tratos de que fueron objeto por parte de uniformados, 71 de los 120 jóvenes detenidos en Barquisimeto en abril han sido imputados y acusados por el Ministerio Público de “subversión del orden público” con una estrategia de delincuencia organizada.
–Yo fui herido con una bala calibre 9 milímetros –dice Rafael Suárez, estudiante de Ingeniería-. Me dañó el intestino y el hígado. Cuando me intervinieron quirúrgicamente sufrí un paro respiratorio y no pudieron sacar la bala. La tengo dentro de mi cuerpo, bien guardada, como otra prueba de la brutalidad de los militares que nos reprimieron”.
El 17 de abril, el diputado por Causa R, José Ignacio Guédez, escribió esto en Twitter:»la GNB le robó el celular a los jóvenes detenidos y los obligan a decir consignas en favor de Maduro, maltratándolos físicamente».
El jueves 18 de abril El Impulso tituló, a ocho columnas: “A los detenidos los obligan a cantar consignas a favor de Maduro”. Y en el cuerpo de la información se reseñaba que los jóvenes que había participado en las protestas de los días lunes y martes: “No estaban armados ni causaron daños a ninguna propiedad. Sólo llevaban pancartas y salieron a protestar ante la negativa del CNE de proceder al reconteo de los votos, tras las elecciones del domingo”. Quedó recogida también la dramática declaración del rector de la UCLA, Francesco Leone, quien dijo haber presenciado: “cuando los militares se los trajeron a punta de peinillazos y los obligaban a cantar consignas a favor del candidato oficialista”.
–A mi hijo lo humillan junto con el resto de detenidos –clamó Lesbia Pérez- los mandan a levantarse para recibir golpizas y eso sucede cada hora.
–Mi hija tiene todo el derecho de defender lo que considere importante para su país –gritó Clara Gutiérrez.
Y a todo esto los militares respondieron, dirigiéndose a los abogados que desde el primer momento prestaron apoyo a las víctimas: “¿Cómo van a defender a esos delincuentes?”.
Esa ha sido la decisión del Gobierno, muy propia de regímenes totalitarios, no solo eludir la responsabilidad por los excesos cometidos por efectivos militares y a nombre de Nicolás Maduro, sino culpabilizar a los torturados, señalándolos de rebelión y resistencia a la autoridad. Esto es, criminalizar la protesta. Exhibir castigos ejemplarizantes. Desmoralizar la resistencia. Desactivar la rebelión democrática que está cobrando fuerza en cada rincón de Venezuela.
Al mismo tiempo se incurre en denegación de justicia a los afectados. El abogado Manuel Vírguez explicó que cuando Ivonne Echenagucia pidió información a la Fiscalía sobre las diligencias que hubieran hecho para sancionar el maltrato que recibió de militares, la institución se burló de ella diciéndole que debía someterse a una nueva evaluación médico forense. Desde luego, nadie le dijo qué había ocurrido con la que ya se había hecho, a pocos días de la agresión. No hay que ser demasiado maliciosos para darse cuenta de que, como dijo Vírguez, “están jugando a que el caso se caiga por falta de pruebas”.
El país debe permanecer alerta ante el caso del abril barquisimetano. La indiferencia equivaldría a hacerse cómplices del Estado torturador.
Publicado en El Carabobeño, el 04 de septiembre de 2013