Milagros Socorro

 

 “El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre y su apellido, y su firma, y su número de cédula y su huella digital”.

 

Presidente Hugo Chávez, en el acto de graduación del Plan Nacional de Alfabetización Misión Robinson I, Teatro Teresa Carreño.

Caracas, 19 de octubre de 2003

 Llamémosla Alcira, ya que su verdadero nombre debe quedar oculto porque tiene miedo. No tanto por ella sino por los compañeros de trabajo que quedaron en el ministerio X (tampoco esta precisión puede ser hecha), de donde salió por prácticas que califica de espionaje y persecución.

Alcira es abogada. Es una joven morena, acicalada con ropa de moda, de cara ancha y cuello corto. Nos citamos en un café y nada más vernos insisto en darle garantías de que nunca revelaré su verdadera identidad (que antes he confirmado con conocidos mutuos). Este punto es vital para ella.

Alcira tenía el cargo de jefa de División del Ministerio X. Para obtenerlo, además de contar con la confianza del jefe que la empleó, tuvo que salvar el requisito de no haber firmado para convocar el referéndum revocatorio presidencial. De hecho, ella cuenta que ésa fue la primera pregunta que le hicieron y que le advirtieron que su cédula de identidad sería investigada en la lista de Tascón. Y, por esa misma razón, vio despedir muchos funcionarios.

 

Por los clavos de Cristo

Hace dos años, vino una secretaria de Recursos Humanos a hablar con ella. Estaba muy afectada porque, según le dijo, la habían mandado a comprar una larga lista de materiales como martillos, clavos y madera, para la preparación de una marcha del oficialismo. La secretaria estaba bajo un gran conflicto porque es cristiana y su religión no le permite hacer ese tipo de cosas. Alcira se refiere a hacer gastos en una actividad proselitista con un cheque firmado por el director de Recursos Humanos de un ministerio.

Para que la secretaria no tuviera que incurrir en actos reñidos con su fe ni perdiera por esto su trabajo, Alcira optó por declararla enferma, “con una crisis hipertensiva que me inventé. Y, tanto el cheque como la lista, los metí en un sobre y los regresé a la Dirección, como si no supiera lo que significaban. Quería cuidar también mi propio puesto. En la administración pública, hasta el empleado más humilde sabe, porque se lo repiten de mil maneras, que no estar con el ‘proceso’ le cuesta el cargo. Y en mi caso era más delicado porque yo era un nueve-nueve, es decir, un funcionario de libre remoción, porque era jefa”.

Ese no sería el único reposo que Alcira debería pretextar para guardarle las espaldas a un trabajador con conflictos de conciencia; y proteger, de paso, las suyas. En otra ocasión vinieron a plantearle el “problema” de un mensajero de su Dirección que había hecho un comentario sospechoso en un ascensor donde iba un directivo. Éste llamó a Alcira y le dijo que debía buscar la manera de botar al mensajero. Alcira le dijo que no tenía forma legal de hacerlo porque el hombre era un buen trabajador. La respuesta del directivo fue: “muévelo de Dirección, que yo lo boto”.

-Más de una vez –dice Alcira- llegaron los directores a obligarme a salir a las marchas, en una época en que se hacían muy a menudo. Nunca fui. Siempre decía que iría en cuanto terminara el trabajo. Pero vi muchos que asistieron sólo para que sus jefes los vieran.

En la actualidad, Alcira trabaja en una empresa privada. “Y también allí he sido testigo de la persecución por haber firmado, ya que al participar en una licitación para una institución pública fuimos rechazados, a pesar de tener los mejores materiales, equipos y precios, porque de todos los que aparecíamos como responsables de la oferta que presentamos, la única que no había firmado era yo”.

Por conexiones que se niega a revelar, Alcira asegura conocer el funcionamiento interno de muchos entes oficiales, lo que le permite afirmar que la conducta descrita es igual en todas ellas. Al preguntarle cuál cree que es la dependencia oficial donde se aplica con mayor eficiencia la vigilancia y los instrumentos de intimidación, Alcira dice sin titubear: “en las fuerzas armadas. Mi papá era oficial del Ejército. Algo sé de la institución. Y puedo dar fe de allí parece que les hubieran hecho un lavado de cerebro: para cualquier cosa que vayan a decir, pronuncian varias veces la palabra revolución y otras tantas la frase mi comandante Chávez.

En cuanto al sector civil, Alcira opina que la situación es igual para todos. “Aunque creo que lo más patético es lo que ocurre en el Ministerio Público”.

Además de la constante revisión de la lista de Tascón y la Maisanta, Alcira alude al fisgoneo en las oficinas de los funcionarios sospechosos de tibieza en el apoyo al proceso, condición en la que puede caer hasta el más asiduo a la boina roja. “En las oficinas públicas se revisa hasta las libretas de teléfonos de los empleados, las gavetas, el correo electrónico, todo”, dice. Y añade: “pero no sólo hay espionaje para perseguir a los trabajadores, también lo hacen para filtrar informaciones a la prensa y perjudicarse los jefes, unos a otros. A mí tocó vivir dos experiencias que revelan esto, y en ambas se juró que se iba a tratar un asunto ultraconfidencial… que al otro día estaba en las columnas de Patricia Poleo y de Quinto Día, respectivamente”.

 

Mosca con el chistecito

Llamémoslo Martín. Es demasiado buen hombre y profesional como para poner aquí su verdadero nombre, lo que podría acarrearle el despido del Ministerio XX. Y además, como repite, tiene mujer, hijos e hipoteca.

Según Martín, hasta el “revolucionario” que más exhibe su adhesión al “proceso” vive en estado de pánico. Para probar su percepción, dice que ya no es como antes, que todo el mundo decía lo que pensaba, que ahora todos miden muy bien sus palabras y algunos se alteran terriblemente si reciben uno de esos correos electrónicos que contienen chistes sobre el Gobierno. “Y están también los transformados, gente que era de oposición y ahora se lanza con proclamas revolucionarias no sólo en las reuniones de trabajo sino en charlas de pasillo”.

Un compañero le dijo a Martín que estuviera mosca con su conexión a Internet, porque hay espías que se enteran de cada vez que entra a la página de El Nacional o El Universal.

Interrogado con respecto a la dependencia donde, según lo que ha podido saber, los controles son más férreos, Martín dice que en el Seniat. “Allí tienen al personal sometido a un verdadero terror.”

 

En la frontera de la ilegalidad

-Ningún juez en este país se atreve a aplicar los estándares mínimos que impone el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, cuando la denuncia apunta al Presidente o al Vicepresidente de Venezuela.

A esa conclusión ha llegado la abogada Rocío San Miguel, asesora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) hasta marzo de 2004, cuando ella y dos compañeras de trabajo, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, recibieron una notificación de “dar por terminado su contrato”, firmada por el Vicepresidente, José Vicente Rangel, sin que se mencionara la causa del despido.

En plena certeza de que su remoción obedecía al hecho de haber firmado para convocar el Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP), -motivación que, según asegura San Miguel, les fue comunicada verbalmente-, las despedidas interpusieron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, el 27 de mayo de 2004,alegando que Rangel y Feijoo Colomine, secretario ejecutivo del CNF, habían incurrido en delitos tipificados en el Código Penal, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y la Ley contra la Corrupción.

Rocío San Miguel es una de las testimoniantes que aparecen en el film documental “La lista. Un pueblo bajo sospecha”, realizada por los cineastas Carlos Oteyza y Oscar Lucien, que fue estrenada el sábado 18 de febrero, en el Ateneo de Caracas. La película demuestra que diez meses después de que el presidente Chávez ordenara “enterrar la lista de Tascón, porque ya había cumplido su objetivo y pertenecía al pasado”, con lo que ratificaba que conocía de su existencia y utilidad, se sigue aplicando persecución política contra los ciudadanos. Y recuerda, con fragmentos de filmación, las múltiples declaraciones del propio jefe de Estado donde éste se involucra personalmente en las amenazas a los firmantes para convocar el RRP y en el proceso de reproducción de los listados donde aparecían esas rúbricas.

A pesar de no haber recibido respuesta de los tribunales, San Miguel promete, desde la pantalla, que ella seguirá “con el chaca-chaca” hasta que se le haga justicia.

 

 

Publicado en la Revista Clímax, marzo de 2003