Rocío San Miguel, ex asesora jurídica del CNF
“Yo fui despedida porque firmé para convocar el RRP”
Agotadas las diligencias legales ante el sistema judicial venezolano, tres trabajadoras despedidas del Consejo Nacional de Fronteras, supuestamente por haber suscrito la convocatoria al referéndum, se preparan para acudir a instancias internacionales.
A esa conclusión ha llegado la abogada Rocío San Miguel, asesora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) hasta marzo de 2004, cuando ella y dos compañeras de trabajo, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, recibieron una notificación de “dar por terminado su contrato”, firmada por el Vicepresidente, José Vicente Rangel, sin que se mencionara la causa del despido.
En plena certeza de que su remoción obedecía al hecho de haber firmado para convocar el Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP), -motivación que, según asegura San Miguel, les fue comunicada verbalmente-, las despedidas interpusieron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, el 27 de mayo de 2004, alegando que Rangel y Feijoo Colomine habían incurrido en delitos tipificados en el Código Penal, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y la Ley contra la Corrupción.
El 6 de julio de 2004, la directora de Salvaguarda del Ministerio Público les informa que ese despacho ha comisionado a la Fiscal 37 a nivel nacional, Gledys Carpio, para conocer del caso. Una semana después, el 13 de julio, son citadas por la Fiscal 37, quien les tomaría testimonio.
-En más de seis meses –dice San Miguel- la fiscal 37 lo único que haría sería recibir nuestros testimonios, más los de Feijoo Colomine. Sin adelantar ninguna otra actividad de investigación. En ese tiempo, las víctimas no tuvimos acceso al expediente.
El 21 de enero de 2005, la Fiscal 37 solicita a la Juez 21 de Control Penal, Frennys E. Bolivar Domínguez, el sobreseimiento de la causa. El 4 de abril, la Juez 21, sin celebrar audiencia, informa a las denunciantes que ha decretado el sobreseimiento.
El 15 de abril, las denunciantes apelan la decisión de la juez 21 de control, alegando que los hechos no revisten carácter penal. El 12 de mayo, la Corte 7 de Apelaciones, en ponencia del juez Samer Richani Selman, declara sin lugar la apelación. El 20 de julio se celebra la audiencia constitucional en la jurisdicción laboral. Una semana más tarde, la juez laboral en sede constitucional declara sin lugar el amparo y las demandantes apelan la decisión.
El 2 de agosto, ejercido el Recurso de Casación, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de entrada al expediente. El 9 de septiembre, el juez superior tercero laboral, Herman Vásquez, en periodo de vacaciones judiciales, niega el recurso de apelación interpuesto por las demandantes ante la decisión de la juez laboral. Y el 27 de septiembre de 2005, el magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte declara sin lugar el Recurso de Casación. Las trabajadoras despedidas dan por consumado el agotamiento interno de los recursos ordinarios y aún extraordinarios, “con lo cual se abre la posibilidad de acudir a la vía internacional por denegación de justicia”.
Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María en 1989, con posgrado en Derecho y Política Internacionales, de la UCV, y un master en Seguridad y Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho, Rocío San Miguel se desempeñó durante diez años como profesora de los cursos de Estado Mayor. Posteriormente enseñaría en la Escuela Superior de la Guardia Nacional y luego en la Escuela Superior de Guerra Aérea. De ésta última fue despedida también, cuatro meses después del incidente del CNF.
-Logré quedarme, -dice- inexplicablemente, dando Derecho Internacional Humanitario, que es mi especialidad, en la Escuela Superior de Guerra Naval. Y no estoy en este momento allí porque suspendieron todos los cursos de Estado Mayor. El último curso lo di en enero, a distancia, por Internet, que es el nuevo invento aplicado allí. No sé qué va a pasar en enero, cuando deben reiniciarse las clases. Lo lógico es que me contraten nuevamente, no sólo porque tengo excelentes calificaciones de los oficiales cursantes sino porque es imperativo para las Fuerzas Armadas recibir formación en materia de Derecho Internacional Humanitario.
En 1994, ingresó en el CNF con un contrato anual. “El CNF”, explica, “no tiene una estructura de cargos fijos sino de contratos. En la administración pública se ha generado una ficción jurídica absolutamente perniciosa para los trabajadores, que consiste en la realización de contratos anuales, que comienzan en enero y terminan en diciembre. Yo tuve, desde el año 94 hasta el 2004, la renovación sucesiva e ininterrumpida de mis contratos, salvo un periodo de dos meses, en 2000, que me fui de directora general del despacho de Ministerio de Infraestructura. Y todo marchaba estupendamente bien, porque yo amo mi trabajo. Hasta que firmé para activar el RRP. Entonces cambió todo.
-¿En qué cambia el hecho de que usted estuviera contratada y no tuviera cargo fijo?
-Para mí, no tanto. Lo fundamental es que no tuvieran cargo fijo mis compañeros de trabajo. Y eso se hizo evidente cuando los abogados de Rangel plantearon que por qué las demandantes no presentábamos testigos. ¿A quiénes íbamos a presentar? ¿A los compañeros que no firmaron y lograron, por esa circunstancia, conservar sus puestos de trabajo? ¿Qué venezolano dependiente de la administración pública, en su sano juicio y a partir de la instrumentación de la “listas” y de los despidos políticos en contra de quienes solicitaron el RRP, ejercerá con libertad sus derechos políticos? Los venezolanos que dependen del empleo público tendrán miedo para siempre, de expresar en libertad y sin temor a represalias su opción política. Sólo cuando se entienda esto, se comprenderá la importancia de un juicio de esta naturaleza, capaz de confrontar en nombre del derecho a la verdad y en nombre de la justicia, a quien violó y continúa violando nuestros derechos humanos.
-¿Por qué usted firmó para convocar el RRP?
-Por un mínimo sentido de la coherencia. Desde luego, siempre tuve claro el riesgo de que me botaran. Pero era demasiado evidente la ausencia de resultados del gobierno del presidente Chávez. Yo quiero cambiar de gobernante porque considero que hay ineficacia en la gestión pública y porque hay violaciones graves a los derechos humanos. Por tanto, hice uso de mi derecho constitucional de solicitar el RRP.
-¿Cuánto tiempo pasó entre el acto de firmar y el despido?
-La recolección de firmas fue en octubre de 2003. La sede de mi trabajo en el CNF era el Palacio de Miraflores. En diciembre comienza la presión por la inminente renovación de los contratos. Fui a hablar con Ilia Azpurua, asesora jurídica de la Vicepresidencia, para plantearle la necesidad de que se me asignara un cargo fijo. Y ella me contestó que eso se iba a hacer pero que antes ella tenía que chequear quiénes habían firmado para el RRP. En enero se renovaron los contratos (no hubo cargos fijos). Y en marzo 2004, Feijoo Colomine, secretario ejecutivo del CNF, vino a decirme que José Vicente Rangel había decidido despedirnos por haber firmado. Y que esperaba que eso no acarreara otras represalias en mi contra, específicamente contra mi esposo, quien es oficial activo de la Fuerza Aérea.
-¿Usted había recibido alguna amonestación en su trabajo; se había producido algún roce con sus superiores o había faltado alguna vez a sus responsabilidades?
-Nosotros le pedimos a la juez de amparo que solicitase al CNF nuestros expedientes laborales, donde consta que no teníamos ninguna amonestación. Por el contrario, en mi caso, lo que tenía era promociones y ascensos. Incluso, en 2002, fui enviada a hacer el curso del IAEDEN (Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional) lo que equivale a un reconocimiento de méritos. Más aún, cuando se hace ese curso, el funcionario se compromete a prestar diez años de servicio en retribución a la administración pública. Y, luego, en 2003, fui a hacer un curso de tres semanas de Derecho Internacional Humanitario, en San Remo, Italia; y obtuve para ello un permiso remunerado. Eso no se le concede a un funcionario del que haya quejas. La clave en este asunto es lo que me dijo Feijoo Colomine: “Cómo se te ocurre firmar en contra del tipo que te contrata y te paga”; como si yo fuera empleada de Chávez y no del Estado venezolano.
-¿Las tres trabajadoras despedidas eran las únicas que habían firmado?
-No. Había un cuarto trabajador, el señor Guerra, de 72 años, a quien también le entregaron la comunicación de despido, pero él habló con Feijoo Colomine, le planteó que ése era su único medio de sustento y es responsable de una nieta. Como su firma tenía que ir a reparo, le exigieron que no fuera a ratificarla y así pudo quedarse. De los cuatro que teníamos amenaza de despido, sólo él y yo teníamos que ir a reparo. Yo reparé, Guerra no lo hizo, con lo cual su firma quedó invalidada.
-Ustedes han mencionado la posibilidad de acudir a instancias internacionales. ¿Han comenzado ya ese proceso?
-A nosotros se nos abrió legalmente la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a partir del momento en que salió la decisión del TSJ por la vía penal. A nosotros no nos ha escuchado ni un sólo juez de la jurisdicción penal venezolana para que demostremos que José Vicente Rangel delinquió. Y no sólo Rangel sino también quienes lo encubrieron y facilitaron ese hecho punible. Iremos al ámbito internacional pero todavía quedan algunas acciones que agotar en Venezuela antes de ir a la vía internacional, porque se trata de demostrar plenamente, y documentar, la ausencia de funcionamiento del poder judicial.
-¿Ustedes demandaron pensando desde el primer momento que no obtendrían resultados?
-Puede sonar ingenuo, pero pensé que habría, por parte de ellos, la capacidad de reflexionar. Un juicio contra los funcionarios que ejercen el poder de manera autoritaria no es nada fácil: esto genera muchos trastornos, mucho desgaste. Yo ahora estoy marcada para siempre no sólo por haber firmado sino por haber llevado a juicio a quienes me despidieron por eso. Ellos iniciaron esa persecución con la expresa intención de crear temor; y lo han logrado. No por nada, de tantos despidos injustos, el nuestro es el único caso que ha transitado el agotamiento de los recursos internos. Eso se debe al miedo. ¿Qué venezolano dependiente de la administración pública, en su sano juicio y a partir de la instrumentación de la “listas” y de los despidos políticos en contra de quienes solicitaron el RRP, ejercerá con libertad sus derechos políticos? Los venezolanos que dependen del empleo público tendrán miedo para siempre, de expresar en libertad y sin temor a represalias su opción política. Sólo cuando se entienda esto, se comprenderá la importancia de un juicio de esta naturaleza, capaz de confrontar en nombre del derecho a la verdad y a la justicia, a quien viola nuestros derechos humanos. Al Presidente de la República le gusta manosear el tema de los derechos humanos en sus discursos, pero guarda un silencio cómplice cuando las acusaciones lo apuntan a él.
Según expone Rocío San Miguel, el 24 de marzo de 2004, ella sostuvo, y grabó, una conversación telefónica de 55 minutos con Feijoo Colomine (quien ignoraba que estaba siendo grabado). A continuación se citan fragmentos de ese diálogo, cuya cinta y trascripción fueron suministrados a este diario por la doctora San Miguel.
Rocío San Miguel (RSM): Feijoo, ¿cómo te puedes estar prestando a esto, vale?
Feijoo Colomine (FC): No voy a discutirte eso porque (SILENCIO) porque lo otro es que yo renuncie. Y no voy a hacerlo.
[…]
RSM: Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú estas conciente de que se comete un atropello? ¿El gobierno no ha cacareado mil veces que cualquier ciudadano tiene el derecho de ejercer lo que ellos plasmaron en la Constitución?
FC: Hay decisiones que se adoptan. Las está comenzando a adoptar este gobierno, que a mí, a mí no me gustan. No estoy de acuerdo con ese procedimiento pero… Porque, es más, yo sigo convencido de que no se lograron obtener las firmas suficientes.
RSM: Okey.
FC: O sea, que es absolutamente ocioso arremeter contra gente que, bueno, que haya firmado, porque para mí es incontrovertible que no lograron las firmas, pero entonces no, no era necesario arremeter así contra la gente que firmó, pues.
[…]
FC: Uno tiene unas limitaciones, por el hecho de ejercer una posición de confianza.
RSM: ¿Cuál? ¿La de ejercer un derecho político?
FC: Uno puede participar y ejercer sus derechos políticos, de toda naturaleza. Pero tú no, no puedes materializar un elemento de desconfianza, porque tú estás firmando para la solicitud de la revocación del mandato del tipo que te esté pagando y te esté contratando.
RSM: Perdóname pero yo estoy al servicio del Estado.
FC: Bueno, pero el Estado en este momento está representado por una persona, porque el Estado no es un ente abstracto.
RSM: ¿No se jacta Chávez de decir que él mismo incluyó este artículo en la Constitución…?
FC: Bueno, pero exactamente…
RSM: O, sea, lo incluyo para que no sea ejercido en mi contra. ¡Por Dios!
FC: Estamos de acuerdo.
RSM: Eso es un maniqueísmo completo […].
FC. Bueno, pero el Gobierno ha tomado una decisión.
RSM: Votar a todos lo empleados que firmen.
FC: Bueno, por lo menos la tomó José Vicente en el caso nuestro. Y yo le discutí.
[…]
FC: Entonces, la nómina la suministran ellos por allá. Entonces, Ilia, le digo: ¿Qué vas a hacer? “No, bueno, yo voy a revisar toda la nómina, pero ya directamente por un mecanismo del CNE”. […] Yo le dije. ¿Por cuál? ¿Por la pagina de Luis Tascón?
[…]
FC: Lamentablemente, tú hiciste un gesto de desconfianza; y tú ejerces un cargo de confianza.
RSM: Pero entonces estamos frente a un Gobierno revanchista.
FC: No, yo no estoy ejerciendo ninguna revancha. Yo no estoy despidiendo a nadie, chica.
RSM: ¿Cómo que no?
FC: A ti te esta despidiendo José Vicente. No yo.
RSM: Pero tú lo estás permitiendo.
FC: Yo no voy a perder mi cargo. Por que tú bien sabes que ésa es la situación. Si yo me le alzo al tipo, qué va a hacer el tipo, me bota a mí y te bota a ti, de todos modos, y bota a los demás.
[…]
FC: Yo te lo dije “coño vale, ojalá esto no tenga consecuencias respecto a Víctor [se refiere al esposo de la abogada San Miguel, quien es oficial de la Fuerza Aérea].
FC: Y ésa es mi preocupación.
RSM: O sea que va a ser más grave la retaliación contra Víctor.
[…]
FC: En varias oportunidades me han dado ganas de irme pal´carajo, y no me he podido ir por algo que tú estás alegando [se refiere a los compromisos económicos de San Miguel, que ésta le ha recordado a lo largo de la conversación], y yo lo reconozco así. […] Te lo estoy diciendo quizá por primera vez, en toda la vida que tenemos de estar aquí. Pero en dos oportunidades, yo estuve a punto, es más, fui hasta grosero en una de ésas con José Vicente.
RSM: Ahorita haría falta ser grosero y advertirle: señor, se está equivocando.
FC: Porque, incluso, prácticamente me hizo salir el año pasado, de una clínica. Salí en medio de la hospitalización, que me llevó Ángel Aquino en su camioneta a esa entrevista con José Vicente.
RSM: Te está utilizando, Feijoo.
FC: No, no me está utilizando.
RSM: Te está utilizando nuevamente para botar a la gente.
FC: No, no me está utilizando, yo tengo una vieja amistad con José Vicente Rangel.
RSM: Está bien, lo respeto, tienes derecho a tenerla. Pero también es obligación advertirle a una persona cuando ha incurrido en un error.
FC: Bueno yo se lo advertí y él lo pensó realmente; y al final tomó la decisión. Porque ya es una decisión de, de, del… Alto Gobierno. Seguramente, por Chávez y el.
“Con la guerra asimétrica todos somos combatientes”
En la actualidad, Rocío San Miguel se encuentra al frente de la recién fundada Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, entre cuyos sus objetivos se encuentra la determinación de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas que conciernen a la seguridad, la defensa y la fuerza armada nacional; y, en caso necesario, ser voz activa de denuncias y de acciones. Así como promover la adopción de medidas de aplicación nacional para el cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por parte de los organismos de seguridad del Estado y la FAN.
-Para registrar esta ONG –dice San Miguel- tuvimos que ir a cuatro registros subalternos, porque en los tres primeros no nos lo permitieron. Todo lo que en Venezuela signifique contraloría social, veeduría desde la sociedad y control presupuestario, implica una amenaza para quien no está de buenas con el estado de Derecho.
Al preguntarle cuál será el primer aspecto a atender desde la ONG que ahora preside, San Miguel alude a la utilización del concepto de guerra asimétrica por parte de oficiales superiores de la FAN. “La guerra asimétrica no se corresponde con los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano. La guerra asimétrica nos confisca la condición de civiles, que es una garantía del derecho a la vida, y significa que cada ciudadano asume la condición de combatiente. Promover la utilización, desde una fuerza armada regular, de esta noción implica promover unas reglas de juego que no son ni democráticas ni constitucionales”.
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“Pero tú no puedes materializar un elemento de desconfianza, porque tú estás firmando para la solicitud de la revocación del mandato del tipo que te esté pagando y te esté contratando.”
“A ti te esta despidiendo José Vicente. No yo. Yo no voy a perder mi cargo. Por que tú bien sabes que ésa es la situación. Si yo me le alzo al tipo, qué va a hacer el tipo, me bota a mí y te bota a ti y a los demás.”
¿Y por qué había permanecido inédita esta entrevista?
….o sea pues?..que mientras mas tiempo pasa , mas detalles saldran que nos hunden mas allá del fango, por la suma e irreberente mala conciecia del difunto aquel …..y donde el que hoy dia a su cargo está ..se arropa con la misma cobija ….¿pregunto ? ¿habra dios que nos salve ?:………………………ME RESPONDO a mi misma ….NO NOS SALVEMOS ASI MISMOS PARA VER SI OTRO TE AYUDE ….