Esos cajones metálicos

Milagros Socorro

Dos fenómenos corren juntos como atletas siameses: información e indolencia. Todo el país sabe lo que está pasando. Nadie puede decir que ignora cuáles son los resortes del régimen.
Las constantes revelaciones acerca de toneladas de alimentos dañados por la corrupción y la incuria oficial no dejan margen a la duda. La cadena de acontecimientos está clara: estrangularon la producción nacional/ aplicaron un régimen de control cambiario y de precios/ocasionaron desabastecimiento/ por pulsión proselitista, destinaron sumas astronómicas sin planificación ni contraloría a la compra de comida en el extranjero/ auspiciaron el negocio
fraudulento de importar víveres vencidos al costo de los frescos/ trajeron mucho más carga de la que podían manejar/ por mezquindades ideológicas, impidieron la participación de los transportistas privados en la distribución/ sacaron y distribuyeron lo que pudieron/ incineraron unas cuantas toneladas/ repartieron comida agriada o al borde del vencimiento/ y el resto lo dejaron librado al tiempo y al fermento. Esta es la revolución. No hay más.
En el camino, el país perdió inmensas cantidades de dinero, ya sea por lo que se malbarató al comprar mercancía fugitiva para el consumidor y, mucho más, por lo que dejó de invertirse en la economía local… y por lo que se desvió a las cuentas corrientes de los ladrones amparados por el poder.
La república ha sido afrentada en proporciones escandalosas y a la vista de todo el mundo, pero todavía pueden abusarla más con el mismo negocio de la comida importada por el Estado para dejarla podrirse.
Esos alimentos han llegado a Venezuela en unos cajones de aluminio o hierro, llamados contenedores; y conocidos como containers, su denominación en inglés, alineación debida al simple hecho de que ni uno de estos cajones ha sido hecho en Venezuela o es propiedad de un nacional. Todos vienen de afuera. Están hechos en inglés. El transporte marítimo de todo el mundo se hace en estas enormes gavetas cerradas porque facilitan la carga y la descarga en los puertos; porque, al ser cerrados, reducen las posibilidades de robo de las mercancías (la carga suelta es objeto de rapiña en todos los puertos del orbe); y por un imperativo ecológico, ya que evita el vertido de carga líquida capaz de contaminar el mar o las vías terrestres.
Estos contenedores pueden medir 20, 40 ó 45 pies. El de 20’ tiene unos 6 metros de largo; el de 40’ tiene 12. Y todos miden algo menos de 3 metros de altura, en previsión de que los túneles suelen tener 3.90 metros de altura; y es preciso sumar la altura del camión. Un contenedor de 20’ puede albergar entre 18 y 20 toneladas métricas; el de 40’, entre 35 y 40 toneladas métricas. Esto, desde luego, en promedio, según de qué sean las toneladas (todas pesan lo mismo, pero no ocupan el mismo lugar).
Todos los contenedores son propiedad de las compañías de barcos. Los importadores, los comerciantes, los estados, no son dueños de estos cajones. Cuando alguien contrata una carga, suscribe un contrato por el uso de los contenedores; allí se establece que éstos serán usados mientras dure el traslado y unos días después de su llegada a puerto. Terminado ese plazo, que puede ser de 10 ó 15 días, si no se devuelve el contenedor al dueño, el contratante está obligado a pagar una mora. Cada día que el contenedor esté en el puerto, más allá de lo establecido en el contrato, debe cancelar un extra por alquiler. Los de 20’ pagan entre $90 y $150 diarios. Los de 40’ pagan entre $120 y $200 cada día. Y los contenedores especiales, los que miden 45 pies o son refrigerados, pagan entre $350 y $400 por día. Hay compañías que cobran $120 al día siguiente de vencido el contrato; $200, a partir del día 31; y $140, después del día 60.
Hasta la semana pasada se hablaba de 4.000 contenedores varados en los diversos pudrideros. Y hay quien habla de más de dos años de retención de los cajones con comida. Un somero cálculo nos habla, pues, de muchos millones de dólares adeudados por PDVSA en alquiler de contenedores. Desde luego, todo esto, tanto el dinero botado como los costos que innecesariamente se han añadido a la comida importada, se traslada al consumidor.
Si no han cobrado ya, los armadores van a cobrar por sus contenedores alquilados. Se sabe que hay deudas muy altas. El país debe estar atento ante las negociaciones que habrán de establecerse para honrarla. Debemos exigir que el gobierno emplace profesionales calificados y probos para negociar con las empresas navieras acuerdos que no terminen de desangrar al país. No puede dejarse otro pingüe negocio a militares incompetentes y a los voraces cubanos.

El Nacional, 27 – 06 – 2010