Los obispos sí lo ven

Milagros Socorro

Mitad por agotamiento de una sociedad sometida a una ominosa cadena de desmedros y castigos, mitad debido a cierta propaganda oficial, se ha diseminado una actitud de falta de fe en las propias posibilidades de cambio, que se expresa en la sentencia tantas veces repetida: “yo no veo a Chávez entregando la banda presidencial a un sucesor elegido en votación popular”.
-Qué va –se oye decir-. Cómo puede alguien imaginar un tipo, que ha violado la Constitución de punta a punta y destrozado el país con tal de amarrarse al poder, camino al aeropuerto para ir tranquilamente a Cuba en un vuelo comercial.
Hay un grupito que sí lo ve con toda claridad. Una asociación de pocos miembros, uso de sotanas y secretos en latín. Son los obispos asociados en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). En la Exhortación Pastoral, emanada de su XCV Asamblea Ordinaria, los obispos hicieron el esbozo correcto de cómo será esa situación, ineluctablemente pautada para diciembre de 2012.
Los prelados de la Iglesia no pierden tiempo en el ejercicio de imaginar un Chávez institucionalista, civilizado, orientado por la procura de evitarle males al país. Ellos se emplazan en la plataforma correcta: ven un país sujeto a las leyes, ávido de institucionalidad, llevando a Chávez del cabestro, arrastrándolo a elecciones pulcras; y exigiéndole, con la autoridad que ha cobrado un pueblo harto de tanta miseria material y moral, que deje el poder en manos de quien ha sido escogido por la mayoría para cumplir el mandato de ésta.
Que los obispos saben que no se las ven con un demócrata, es prueba el siguiente fragmento, extraído de la pastoral, difundida este lunes: “…se ha dictado una ley habilitante que confiere poderes especiales al Presidente para legislar por un lapso de 18 meses, con la justificación de la gravísima emergencia de infraestructura en vialidad y viviendas provocada por las lluvias. Esta ley confiere al Presidente poderes especiales para legislar en aspectos que nada tienen que ver con dicha emergencia, y delega en el Ejecutivo una facultad extraordinaria, más allá del período para el cual fueron electos los anteriores diputados, limitando así a la nueva Asamblea Nacional. Esto es un inaceptable desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del 26 de septiembre”.
Y, más adelante: “nos encontramos ante la pretensión de imponer un sistema político socialista-marxista y totalitario, contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución de 1999, y reafirmado con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional. Los Obispos consideramos que esta imposición es moralmente inaceptable…”.
Cabe concluir, pues, que la Conferencia Episcopal no apuesta a la integridad democrática del gobierno cuya operación califica de “moralmente inaceptable”, uno de los cargos más severos que puede formular la Iglesia, ente religioso, ventaneado por su naturaleza al paisaje espiritual. De manera que si algo es reprobado en la arena moral por la Iglesia, pocos juicios le esperan de mayor severidad.
Con base en esa premisa, la exhortación pastoral se endereza hacia el ciudadano para recordarle sus deberes. “A los otros actores políticos”, dice el documento a los políticos adversarios del régimen, “los convocamos a trabajar firme y democráticamente en defensa de los derechos de los ciudadanos descartando cualquier tentación de fuerza. Igualmente, los otros actores sociales, empresariales, laborales, culturales, y comunicadores sociales, tienen una responsabilidad que han de ejercer cabalmente”.
Para que nadie quede librado del reclamo, los muchachos del Vaticano apelan a la conciencia cristiana de todos (el texto va dirigido a la gente de buena fe). “A quienes se sienten agredidos y angustiados por la actual situación política”, dicen los obispos, “les corresponde participar en forma responsable y activa, de manera pacífica y democrática, pero firme y decidida, en la promoción y defensa de sus irrenunciables derechos, de la libertad, de la justicia y de la paz. Todos los ciudadanos estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal. Esta es la actitud que esperamos marque el ejercicio legislativo y contralor de la recién instalada Asamblea Nacional. Nadie debe delegar en otros su propia responsabilidad de ser constructor de la paz”.

El Nacional 16 – 1 – 2011