Milagros Socorro La casa de Doris Oropeza fue arrasada. Hasta las paredes fueron destrozadas, la cocina arrancada de cuajo, el menaje de cocina arramblado, lo mismo que el resto del mobiliario. Una horda consideró que la cuidadora del niño brutalizado y asesinado en Guanare debía ser escarmentada; y, antes de que los tribunales se pronunciaran al respecto, establecieron su culpabilidad y dictaminaron que la primera cuota del castigo debía ser la trituración de su vivienda y la confiscación de lo que se encontrara en su interior.

Doris Oropeza está entre los imputados por la muerte del menor cuyo cadáver era un libro donde podían leerse con toda nitidez episodios de tortura sistemática. Pero el acoso a su propiedad se produjo antes de que la jueza determinara la exacta responsabilidad de Oropeza en los espantosos hechos.

El grupo de autoproclamados justicieros debió hacer un estruendo de mil demonios, puesto que a su paso no dejaron ni los enchufes y el piso quedó cubierto por una alfombra de escombros. Ninguna autoridad impidió el asalto, como tampoco se evitó la quema de seis negocios y el destrozo de otros tantos, de ubicación muy céntrica, por cierto, cuyos propietarios estarían relacionados con los implicados.

La poblada fue atizada por rumores en el sentido de que los detenidos serían dejados en libertad gracias a su supuesta conchupancia con el gobernador de Portuguesa, Wilmer Castro Soteldo, y con el ministro de Interior, El Aissami. El diputado Iván Colmenares dijo que la gente había salido a la calle “cansada de que no se resuelva ningún caso en Portuguesa: hace dos meses mataron a un niño estrangulado, ahora se repite este hecho y la ciudadanía no quiere que quede impune». El caso es que la audiencia de presentación de los acusados fue diferida; y eso fue el pistoletazo para que se iniciara la protesta, que muy pronto derivó en candela y pillaje.

Nos encontramos, pues, ante la destrucción de la propiedad y el apoderamiento indiscriminado de los bienes ajenos como una práctica que va haciéndose habitual en Venezuela; y, lo peor, que se percibe como algo normal e incluso justificado dentro del repertorio de confrontación.

El gobierno de Chávez ha contribuido de manera fundamental en la legitimación del saqueo al exaltar los que se produjeron en febrero de 1989. En la conmemoración de aquellos sucesos, en 2005, el presidente Chávez dijo que esa fecha había “partido en dos la historia del siglo XX venezolano, y quedado registrada como un día de rebelión popular, en el que el pueblo decidió tomar las banderas de la lucha para reaccionar contra las políticas imperialistas del Fondo Monetario Internacional”. El año pasado lo calificó como “el hecho político de mayor trascendencia del siglo XX venezolano”.

Ya la Defensoría del Pueblo lo había santificado, en su documento ‘A 18 años de El Caracazo. Sed de justicia’, emitido en 2007, donde dice: “el saqueo de negocios dedicados a la venta de electrodomésticos u otros objetos que escapaban del mercado de alimentos, no hicieron más que reiterar el deseo de las clases más pobres de acceder a aquellas necesidades creadas por la sociedad de consumo, en torno a un determinado patrón de vida”.

Ahora el gobernador Castro Soteldo afirma que los desmanes fueron perpetrados “por grupos infiltrados en la protesta pacífica de Guanare, quienes desataron actos de saqueo y vandalismo». Ya no es el pueblo glorioso que se expresa al margen de las estructuras hegemónicas de los partidos y la burguesía, sino la canalla infiltrada. Ahora no son próceres sino vándalos. Los saqueadores de Guanare deben estar perplejos: al llevarse la nevera de Doris Oropeza, ellos estaban refundando la nacionalidad, escribiendo una página heroica de nuestra historia… y ahora resulta que son vulgares malandros.

Al volverse un ritual burocrático, el pillaje dejó de ser una acción extrema destinada a forzar anheladas reformas y devino un ritual casi burocrático. El gobierno fue el gran evangelizador del saqueo y ahora también cierta oposición lo aplaude como precursor de una nueva era (algunos salieron a decir que “la mecha” se había prendido en Guanare y que no tardaría en encender con tea libertaria el país entero).

Nos queda reforzar la institucionalidad -y ampliar los espacios de negociación- para garantizar que los rapsodas de los saqueos no terminen siendo víctimas de esta supuesta épica.

 El Nacional, 11 de diciembre de 2011