Milagros Socorro

Todo es horrible en el asesinato de Karen Berendique. Todo es vil, espantosamente violento y espejo de esta república de la injusticia, que es Venezuela en la actualidad. Pero lo más desalentador es la evidencia de que los venezolanos no tenemos país. La joven víctima es nacida en Venezuela, pero hemos sabido del crimen, en su horrorosa dimensión, porque el padre de la muchacha asesinada es cónsul de Chile y este país se movilizó inmediatamente para manifestar su airada protesta y exigir el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades venezolanas, en cambio, ofrecieron una bochornosa exhibición de impericia para los cargos que desempeñan, así como una pasmosa insensibilidad frente a la angustia de la ciudadanía, que vive en la convicción de que la emboscada a los Berendique puede cebarse en cualquier momento contra sus propios hijos.

El pronunciamiento menos estrafalario fue el del ministro de Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), Tareck El Aissami, quien, sin embargo, se permitió aludir al crimen como “una errada y desviada práctica policial del CICPC“. Cómo puede, este fracasado funcionario, bajo cuyo mandato la delincuencia ha crecido con rampante impunidad, llamar “desviada práctica“ a la noche en que unos detectives sin identificación improvisaron una alcabala para detener ciudadanos en el mismo recodo en que en la víspera se habían emplazado unos ladrones de carros. Y cómo ponerle el nombre de “errada práctica“ a la que consiste en disparar a la cabeza de una muchacha, porque el conductor del carro donde viajaba desatendió una voz de alto (que supuso la perdición de los Faddoul).

Con todo, las declaraciones del improvisado El Aissami no fueron tan desafortunadas como las de la ministra de la Juventud, Mari Pili Hernández, quien optó por soltar el cuatro con que dedica serenatas al Presidente para decir que lo importante era que el CICPC había “actuado tras conocerse los hechos“, olvidando que el crimen fue perpetrado precisamente por miembros del CICPC, de manera que lo más importante es que quienes deberían proteger a la ciudadanía son quienes la maltratan, persiguen, extorsionan, secuestran y asesinan. Será que la ministra cantarina ignora el informe de Provea de 2011, donde se señala al Cicpc como el cuerpo policial con más acusaciones de violaciones del derecho a la vida: con 21,39% de los casos registrados por esa ONG.

Si esto fuera poco, en la misma intervención en el “canal del Estado“ donde profirió la anterior declaración, Mari Pili Hernández intentó desviar la atención sobre el grave asunto, desplegando politiquería de a locha; y, en vez de denunciar, como es su deber, que la instalación de esa alcabala del viernes 16 de marzo debió ser notificada con 24 horas de anticipación; que el punto de control móvil debía tener conos de identificación y unidades de patrullaje motorizadas, rotuladas con el logotipo de la institución, así como luces de prevención operativas visibles (nada de lo cual ocurrió), en lugar, pues, de reclamar estas irregularidades, la novicia rebelde del coronel Von Chávez se puso a decir que “en la Cuarta República eran protegidos los policías para que no fueran juzgados“. Es preciso haber desarrollado una distancia de hielo frente a los dramas de la gente para ser ministra de la Juventud y responder de esta guisa cuando una muchacha de 19 años es asesinada de tres tiros por policías, cuando se dirigía a una fiesta de antiguos compañeros de curso.

Ah, pero es que también Diosdado Cabello se pronunció. Y qué dijo el hombre que pasará a la historia por haber sido el fundador de la próspera derecha endógena. ¿Se plantó como un hombrecito en la Asamblea Nacional para recordar que, luego del caso Kennedy (en 2006), el Ministerio de Relaciones Interiores emitió una norma para limitar los puntos de control policial, que ha sido incumplida por casi todos los de cuerpos de seguridad? ¿Tronó para indagar por qué el punto de control que hizo correr sangre de ángel no tenía un cartel con logo del CICPC a 50 metros (el mínimo requerido) para informar de su existencia? Qué va.

En vez de eso, Diosdado Cabello, siempre cruel, siempre pueril, dijo que el gobernador Pablo Pérez se estaba “haciendo el loco con el tema (sic) de la seguridad“…

Adónde va la gente. Quién la oye. Quién la protege y quién la consuela. No serán estas autoridades, que siempre disparan a la cabeza de las instituciones.

Publicado en El Nacional, 25 de marzo de 2012