Milagros Socorro

En esa mezcla de sensiblería y agresividad que caracteriza su discurso, la ministra de la Juventud, Maripili Hernández, se permitió acusar a los jóvenes que apoyan la candidatura de Henrique Capriles de que “no aman el país, ni a la patria, ni son capaces de defenderlo”. Y fue, incluso, más allá, al calificar a este amplio colectivo de la sociedad como “niñitos de papá”.

Con esta acción, la funcionaria, cuyo salario es pagado por el país al que pertenecen los jóvenes atacados y sus familias, violó varios artículos de la Constitución. Podemos citar, por ejemplo, el artículo 21: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”. El artículo 46: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…Todo funcionario público que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”. El 145: “Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.

En suma, tal como establece el artículo 25: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. Digna de resaltar es la pertinente coletilla incluida por el legislador, pues es seguro que muy pronto los funcionarios que han violentado la Constitución tratarán de zafarse con el pretexto de que tenían instrucciones de Chávez, lo que es muy cierto, pero no suficiente para relevarlos de su responsabilidad.

Dado que Maripili Hernández está participando en la campaña electoral, con los métodos que han signado su carrera, que no se distinguen precisamente por su ingenio, estatura o autonomía de criterio, debe separarse del cargo en cuyo ejercicio está al servicio de todos los ciudadanos y no solo de quienes están adscritos a una parcialidad privilegiada por ella.

Es un imperativo que no proviene de la oposición o de la prensa crítica. Es un mandato claramente especificado en la Constitución.

Las desconsideradas y vulgares alusiones de la ministra de la Juventud a una porción de los jóvenes (que muy pronto se revelará mayoritaria) fueron proferidas desde Venezolana de Televisión, planta que ella misma dirigió entre 1999 y 2002. Su gestión es, por cierto, recordada no porque haya hecho algún aporte a la televisión de servicio público o contribuido a profundizar la democracia en los medios propiedad del Estado, sino por tres tristes trastadas. La primera es que sentó las bases para que la planta se convirtiera en el canal del partido de gobierno y, lo que es más indignante, en cabeza de playa del invasor: un estudio hecho en 2008 por el profesor Bernardino Herrera, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco-UCV), reveló que tres de cada cuatro horas de programación VTV son dedicadas la propaganda oficial y la repetición de alocuciones presidenciales; y que 83% de la programación promueve la cubanización.

El segundo motivo por el que a veces se evoca su gestión es la pugna que Hernández mantuvo con la entonces primera dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, quien acusaba a la ejecutiva de VTV de sabotear su imagen al impedir que los equipos de la televisora cubrieran sus apariciones públicas como esposa del Presidente. La patética querella fue muy publicitada porque la ex locutora le ponía este plato al par de orejas que se le atravesara. Al parecer, las dos señoras compartían idéntico amor a la patria y apuntaban mutuamente la artillería para defenderla.

Y la tercera colaboración, un hito en su currículo, fue el cierre del programa “Contesta por tío Simón”, cúspide de sintonía en la historia de VTV, con el consiguiente despido de Simón Díaz, quien divulgaba en su espacio asuntos de las tradiciones, la cultura y el paisaje de Venezuela para niños y jóvenes. En un arrebato de amor a Venezuela, Hernández quiso llevar a Simón Díaz a un tribunal.

Publicado en El Nacional, el 23 de septiembre de 2012