Milagros Socorro 

Un día tendremos que saber la verdad sobre la intervención cubana en Venezuela, cuánto le costó al país esa aberrante injerencia y cuánto daño hizo a las instituciones,  las finanzas y la soberanía. También será necesario establecer responsabilidades individuales: quiénes lo hicieron posible, quiénes fueron secuaces de la invasión a Venezuela, quiénes se lucraron de la ignominiosa coyunda, quiénes callaron cuando han podido denunciar (o retrasaron la acusación hasta tanto pudieran seguir sacando ventajas de su silencio), quiénes aceptaron órdenes extranjeras que pervertían el título o uniforme que la república les había conferido, en suma, quiénes se sumaron a una red de complicidad para perpetrar un crimen sin antecedente en las historia de la nación.

Está claro que quien abrió la puerta al vampiro fue Hugo Chávez. Pero también es diáfano el hecho de que el fallecido mandatario no actuó en solitario. Las declaraciones ofrecidas por el general Antonio Rivero al periodista de El Universal, Francisco Olivares, pocas horas antes de la detención del oficial, nos ofrecen una intrincada malla de alcahuetería en las fuerza armada y en los organismos de seguridad. Sabemos que los agentes del castrocomunismo han saqueado los recursos de Venezuela desde distintas posiciones, amparados en la coartada que les ofreció el Convenio Integral de Cooperación (CIC), firmado en el año 2000, donde se obliga a Venezuela a suministrar 52.000 barriles diarios de crudo, así como otros productos a precios simbólicos y financiamiento preferencial, a cambio de los servicios de “técnicos” en distintos campos.

El CIC fue modificado en 2004 y renovado en 2005 para justificar que la factura petrolera fuera honrada en su totalidad con un trueque que ha exprimido a Venezuela. Baste recordar que nuestro país quedó amarrado a un trato que lo fuerza a entregar crudo, productos y lubricantes, con transporte y seguros a sus expensas, mientras Cuba paga con comisarios políticos, que, entre otras cosas, vinieron a controlar la Extranjería, las notarías, los puertos y, en general, todos los ministerios, donde hay un equipo de asesores sin cuya anuencia nada se aprueba ni ejecuta.

En la entrevista con Francisco Olivares, el general Rivero dijo que la ocupación, por la que “unos 210 mil cubanos han pasado por Venezuela hasta 2012”, comenzó desde el mismo momento en que Chávez decidió convertirse en candidato a la Presidencia, en 1997, y llamó a los primeros para que lo asesoran en la campaña. Desde este momento se funda la maraña de conchabanza: tiene que haber testigos de esa sociedad, gente que desde aquel momento pudo vislumbrar la deriva que tomaría ese gobierno nefasto para Venezuela.

Siempre según el general Rivero, para 1998 el número de cubanos que intervenían en asuntos políticos de Venezuela se incrementó en 138 asesores, con la tapadera de tres empresas encubiertas manejadas por el G2. ¿Nadie vio nada? ¿No hubo un alma venezolana que detectara movimientos raros y perversos en esas supuestas empresas? Y luego, en los días del deslave de Vargas y sus estragos, cuando aprovechan el dolor y la confusión para traerse más de un millar, ¿nadie consideró que aquella inmigración era irregular y tenía retorcidos objetivos?

El profesor de la UCV, Carlos Romero, analista militar, ha afirmado que el general cubano Frank Yánez ocupa (o llegó a ocupar) un piso en la sede del Ministerio de Defensa, desde donde despliega escandalosa capacidad de mando sobre la FAN. ¿Yánez puede hacer eso sin cooperación local? La intervención de decenas de oficiales cubanos en áreas estratégicas, como la adquisición de armamento (en cuyo tráfico el régimen de Fidel Castro es experto y ha encontrado provechosa fuente de divisas) y los programas de formación, ¿no encuentra juicios de desaprobación en ningún militar venezolano? ¿Todos están enchufados en el humillante proceder?

El analista en asuntos castrenses, Orlando Ochoa Terán, ha establecido que los cubanos campean por sus fueros en las arenas de la inteligencia civil y militar. Y El Universal ha revelado que el convenio con Cuba le arrebata al pueblo venezolano mil millones de dólares al año.

Este despojo, ¿lo hicieron Chávez, Maduro y los hermanos Castro aisladamente? ¿No hay, fuera de ellos, ninguna voluntad prestada al expolio de Venezuela? La democracia que ya alborea deberá comenzar con un juicio que responda estas preguntas.

Publicado en El Carabobeño, el 9 de mayo de 2013