Milagros Socorro
Por la prensa nacional, pero por fuente distinta a la de Petróleos de Venezuela o algún vocero local, nos enteramos de que Pdvsa deberá pagar 1.100 millardos de dólares a las compañías Statoil, de Noruega, y Total, de Francia, para compensarlas por los daños que se les causó con la nacionalización de Sincor, «una de las asociaciones estratégicas de la faja petrolífera del Orinoco para la conversión de crudo pesado en liviano», explica la nota de Dow Jones Newswires.
Estamos hablando de más de mil millones de dólares que saldrán de las arcas de la nueva Pdvsa, no para ser canalizados hacia la inversión que la empresa necesita con urgencia.
Tampoco para financiar proyectos de desarrollo nacional, infraestructura vial o eléctrica, en fin, algún sector relacionado con la exploración, explotación o comercialización de hidrocarburos. Nada de eso.
Será un montón inverosímil de plata que se destinará a pagar las deudas causadas por alguien que ha cometido un inconmensurable error, que ha perpetrado una chapuza que costará ¡más de mil millones de dólares a la nación! Y ésta no parece ser la única ni la última multa que acarreará el descalabro de la República. Por ahí vienen otras, quizá peores, provenientes de la querella interpuesta por ExxonMobil y Conoco Phillips en tribunales internacionales.
¿Quién le está costando tan caro a Venezuela? ¿Es una persona? ¿Es una camarilla mafiosa? ¿Es un conjunto de prácticas nefastas? ¿Es un entramado de complicidad que permite, auspicia y taparea esta celada contra Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no hay entre nosotros quien detenga este engranaje de desgracias? Alguien está causando el desastre de Venezuela y muchos lo están permitiendo, ya sea con acciones perversas o con omisiones no menos criminales. Ni unos ni otros saldrán incólumes indefinidamente.
Alguien pagará por los desatinos que han llevado a Pdvsa a desprenderse de semejante suma para compensar a empresas extranjeras que fueron tratadas como el Gobierno de Chávez trata a los venezolanos y a las compañías nacionales: con abuso y autoritarismo.
Alguien pagará por los dispendios que se permite Daniel Ortega en los viajes que hace con su esposa, Rosario Murillo, y sus ocho hijos. Con toda la familia, pues. Y que, según él mismo aclaró, para calmar las protestas en su país, se trata de lujos que no pagan los contribuyentes nicaragüenses sino el pueblo venezolano, el mismo que también financiará las plantas eléctricas que llegarán en febrero al país centroamericano; el mismo que pagó dos veces los 24,8 millones de dólares que Bandes prestó a Nicaragua: en el momento de darles el dinero y, luego, en ocasión de ser honrada la deuda no por los deudores sino por el mismo acreedor que, en vez de cobrar, sacó de un bolsillo (el Fondo de Desarrollo Nacional) para meterlo en el otro (la deuda de Ortega en Bandes). Debo hacer una precisión para que después no culpen al periodismo venezolano de terrorista: Daniel Ortega y su mujer no viajan con todos sus hijos. Hay una que no está incluida en la comitiva. Se trata de Zoilamérica Narváez, hija biológica de la Primera Dama e hija adoptiva del presidente de Nicaragua, quien ha acusado a Ortega de violarla sistemáticamente desde que era una niña pequeña.
Zoilamérica no se cuenta entre los alegres viajeros que van por el mundo a expensas de Venezuela.
Alguien deberá pagar por los miles de científicos, intelectuales y profesionales de alto nivel que han abandonado el país para hacer parte de la riqueza de otros. Hace ocho años, Blancanieves Portocarrero, entonces miembro del Congresillo y luego ministra del Trabajo, afirmó que aquí no había «ningún muchacho bueno o sano que se quisiera ir a Miami»; y concluyó que el que se iba no hacía falta. Desde luego, será el país quien pague por tanta irresponsabilidad y tanta insensibilidad, porque todavía no se sabe de ninguna empresa petrolera del exterior que cancele mensualidades a nuestras universidades para resarcirlas por lo que costó la formación de los trabajadores de Pdvsa aventados hacia el extranjero.
Alguien deberá pagar por el desmedro que ha sufrido el campo y la industria de Venezuela para provecho de las economías de aquellos países donde el Gobierno ha ido a importar lo que ha debido producirse aquí.
Es evidente que los culpables y sus alcahuetas cuentan con la impunidad. Pero pueden jurar que pagarán.
Publicado en El Nacional, el 03 de febrero de 2008