El desarme se atascó en el túnel de la política

La periodista, directora de Fundación TAAP y periodista especializada en comunicación para el desarrollo, narra su experiencia con la Comisión Presidencial para el Desarme. Un día le encargaron una serie de entrevistas… que, al parecer, recogieron testimonios incómodos y ofrecían el panorama atroz de una violencia creciente, de la que no puede culparse a los medios de comunicación.

Milagros Socorro

–Nosotros no tenemos acceso a la información oficial –dice Thabata Molina, periodista de Sucesos de El Nacional-. Yo tengo diez años trabajando en la fuente y, por lo menos los últimos cinco o siete años, la información oficial está completamente cerrada. Ni el ministro, ni la policía, ni la morgue dan cifras e información oficial sobre los decesos. Uno conoce gente dentro de las policías, porque te ven en todos lados y comienzas a establecer vínculos con los funcionarios y, bueno, nos manejamos con cifras extraoficiales que nos consiguen ellos mismos.

“En el caso de la morgue”, sigue Molina, “trabajamos con el número de las planillas que les entregan a los familiares, esa es la misma estadística que lleva el CICPC en la morgue de Bello Monte. Ellos le asignan un número a cada cadáver, (ese número tiene, además de la numeración consecutiva, el número que identifica el mes). Entonces, nosotros les preguntamos a los familiares qué número le fue asignado al cadáver, y así llevamos la estadística mensual. Esta ha sido la forma más precisa que hemos encontrado, porque son los mismos familiares quienes nos dan ese número”.

Thabata Molina habla con su colega, la periodista Gaby Arenas de Meneses, quien hizo una serie de entrevistas que recogería en el libro La comunicación desarmada. Aportes sobre el rol de la comunicación en procesos de desarme, una indagación orientada a establecer las responsabilidades de los medios de comunicación en materia de seguridad ciudadana y su posible contribución a la promoción de una cultura de paz en Venezuela.

Para escribir ese libro, un encargo que le hiciera, en 2011, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, entonces presidida por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, Gaby Arenas, egresada de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB en 2003, entrevistó 14 personas, relacionadas no solo con el oficio periodístico sino también con el trabajo en las comunidades.

–Todos deberíamos poder usar nuestros celulares en cualquier parte -dijo Thabata Molina-. Y el Estado debería protegernos, porque es su deber garantizar que no nos van a matar por un teléfono. Pero el periodista está en la obligación de denunciar, de decirle a la gente lo que pasa para que tomen sus precauciones, porque el hecho de que no lo publiquemos no quiere decir que no pase. Aquí no se trata de que la mayoría de las muertes por armas de fuego sean un asunto accidental, aquí te roban y te matan; te secuestran, pagas y te matan; sales del cajero, te quitan el dinero y te matan. Nosotros estamos para denunciarlo y tratar de concientizar… la gente tiene que saber que hoy en día el Estado no solo no te garantiza la vida, sino que, además, después de que te matan, tu familia tiene que lidiar con el hecho de que te tengan en esas condiciones [en la morgue] y esperar hasta cuatro días para que entreguen el cuerpo. Es terrible para los familiares de las víctimas, y la gente tiene que saber eso.

En la Presentación del libro, firmada por Aglez Blanco, coordinadora de Comunicaciones de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, se establece que “en el debate sobre el rol que deben jugar los medios de comunicación en el tratamiento de la información vinculada con la violencia” ha quedado “de manifiesto la falta de rigurosidad en el relato periodístico de los hechos o –lisa y llanamente– la subjetividad propia de un interés político específico en el abordaje de este tema”. Una conclusión un poco rápida, puesto que al leer las entrevistas no se encuentra un consenso en el sentido de que los periodistas venezolanos se caractericen por “falta de rigurosidad” ni mucho menos que respondan “a un interés político específico”. Hay, efectivamente, voces que se inclinan a ese parecer, pero no es la postura mayoritaria y, ciertamente, no es ese el diagnóstico del problema.

Más adelante, Aglez Blanco concede que la “victimización delictiva existe” (se refiere a la inseguridad ciudadana), pero puntualiza que “el manejo político que hacen algunos medios no contribuye a solucionar el problema, por el contrario, lo agranda y complica aún más. Ante la politización del tema de la violencia cada intento que haga el Estado, e incluso organizaciones comunitarias para disminuir la violencia, va a ser en vano”. No puntualiza quién o quiénes politizan la violencia, punto relevante dado que los consultados coinciden en lo perjudicial de esta práctica.  Y antes de concluir, la presentadora subraya “el poco valor ético del ejercicio periodístico” y da por hecho que estamos ante un “sobredimensionamiento de las cifras de homicidios en los medios”.

Esta última afirmación sorprende, no solo porque no se afinca en pruebas, sino porque una de las entrevistadas, la educadora y defensora de los derechos humanos, Luisa Pernalete, dice lo contrario, con base en su experiencia de varias décadas: “Yo no creo que deberíamos disminuir la cantidad de noticias de sucesos, porque en realidad, se publican en la prensa muchos menos sucesos de los que efectivamente ocurren. […] en los periódicos no sale todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no salen los atracos en los autobuses, a menos que haya un tiroteo con heridos o un muerto. En Ciudad Guayana los transportistas de varias líneas y cooperativas están pagando vacuna, ¡para que no los atraquen! En la emisora de Fe y Alegría entrevistaron transportistas de varias líneas y ellos daban sus nombres y hasta sus rutas, porque ya están cansados de la situación. Eso no sale en los periódicos, a menos que haya un muerto”.

–Una de las preguntas que hago –sigue Luisa Pernalete- a cualquier grupo, es: ¿cuál ha sido su relación con hechos de violencia?, ¿han sido víctimas o testigos de insultos o amenazas?, ¿lo han sido más de una vez?, ¿han sido víctimas o testigos de peleas callejeras con golpes? Y algunos responden afirmativamente, pero cuando pregunto: ¿han sido testigos de tiroteos?, es increíble, todo el mundo levanta la mano.

–Hace diez anos, cuando empecé a hacer estas preguntas, todavía las armas no parecían ser un problema. Generalmente me respondían cosas como: “eso le pasó al tío de un vecino de un sobrino”. Eran pocos quienes habían sido testigos directo de un tiroteo. Pero, resulta que la cosa ha ido cambiando. A veces repregunto, sobre todo en el caso de niños y adolescentes: ¿cuál fue el último tiroteo o el último muerto que viste? (para confirmar si es verdad que lo vieron o si lo están inventando), pero la mayoría han sido testigos de tiroteos u homicidios en la esquina de sus casas o en la bodega.

–Empecé a trabajar en los barrios a los 21 años, y tengo 59. No empecé a hacer esto hace tres años. Pero son tantas las historias que es impresionante. Por eso sé que la cosa es mucho peor de lo que aparece en el periódico.

“Es evidente que se puede mejorar la cobertura de los hechos violentos, pero decir que se trata de una sensación es una irresponsabilidad, porque hay pocas personas en este país que no tengan por lo menos un homicidio en su entorno cercano. Y hay que estar claros, los testigos también somos víctimas. En los periódicos salen mucho menos sucesos de los que ocurren, porque no encuentras noticias como: ‘atracaron a fulana en un centro comercial’. Eso no va a salir, pero a nosotros como sociedad nos afecta”.

Las catorce entrevistas son provechosas. Naturalmente, quienes están más cerca del problema ofrecen testimonios más vívidos y descarnados; el lector puede sentir la angustia del reportero que diariamente está expuesto a historias de dolor que ve multiplicarse en número y acentuarse en dramatismo. Pero, todas revisten interés, incluso las de quienes hacen fintas para esparcir las responsabilidades y adulterar los nombres de las cosas de manera que estas aparezcan menos injustas y flagrantes… Y, sin embargo, el libro no llegó a circular.

“En mayo de 2011”, evoca Gaby Arenas de Meneses, “nos llamaron de la Comisión Presidencial para el Desarme”. Se refiere a la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento (TAAP), que ella y su esposo, el artista plástico Carlos Eduardo Meneses, crearon en 2008, con la premisa de que, “a través de las artes visuales se puede incentivar el desarrollo del pensamiento y encontrar vehículos de expresión individual y social que permita a los niños, jóvenes y adultos participar en experiencias de construcción de paz y en la solución de los problemas de sus comunidades”. En 2009 empezaron a trabajar en Turgua. Comenzaron con el intento de incrementar el rendimiento escolar de los niños y favorecer su convivencia. “Pero una vez en la comunidad”, dice Gaby Arenas, “comenzamos a estudiar otros problemas de la zona, a llevar especialistas para ir solucionando un problema tras otro (médicos que van y evalúan a los niños y a sus familias, intervenciones quirúrgicas, entrega de medicinas). Como no creemos en el asistencialismo, en todos nuestros programas trabaja gente de la comunidad con cuyo concurso desarrollamos absolutamente todo. Fuimos aprendiendo a hablar de violencia y a disminuirla. Teníamos mamás cuya única manera de tratar con sus hijos era a golpes y hoy en día son maestras”.

–Poco después –dice Gaby Arenas- empezamos a trabajar en Terrazas del Alba, San Agustín del Sur, los primeros edificios que entregó el gobierno de Chávez. Nos llevó la Fundación Epekeina, porque la situación con las armas y la violencia en la comunidad les impedía hacer el trabajo de recreación con los niños. Es una comunidad que escucha tiroteos hasta de una hora, en cualquier momento del día. No hay nadie allí que no haya visto un arma. Dimos inicio a nuestra labor con los niños, pero queríamos saber quién tiene las armas y las municiones, de dónde salen. Al investigar, comprobamos allí ocurría lo mismo que en Turgua, Catuche, Antímano, Petare: todo el mundo ve las armas, sabe quién las tiene, pero nadie se atreve a decirlo.

“En 2010 nos mataron el primer chamo tallerista, de 15 años. En el velorio, muchos familiares de la víctima tenían armas. Los siguientes meses estuvimos haciéndonos una pregunta: cómo se cambia eso. Un día nos mataron el segundo chamo, este de 13. Vimos que no era suficiente con que las madres dejaran de pegarles a los niños ni con impedir las peleas en el aula. Teníamos que hacer algo más. Ya sabíamos que ninguno de los niños con quienes habíamos trabajado se imaginaba en el futuro haciendo algo distinto a mototaxista, buhonero o lucero (los que cuidan la droga del barrio). Y ninguna niña se imaginaba un destino distinto a tener bebés. Y aunque todos decían en sexto grado que querían ser abogados, médicos, ingenieros, daba la impresión de que unos meses después esa fantasía se disipaba…”.

Cuando la Fundación TAAP recibió el llamado de la Comisión Presidencial de Desarme, Gaby y Carlos Eduardo pensaron que querían apoyar los programas. “Pero lo que querían era una investigación”, dice Arenas. “Querían que yo hiciera una investigación sobre comunicación y desarme. Así que les propuse una pesquisa en tres fases: la primera para conocer las experiencias que mejor han funcionado en América Latina y cuáles habían sido sus estrategias comunicacionales; la segunda, entrevistar a quienes trabajan la materia de violencia en Venezuela. Y la tercera, la más importante, tratar de conocer y sistematizar las experiencias de desarme, entrega voluntaria de arma y tratados de paz que se han logrado en Venezuela”.

–La primera se hizo satisfactoriamente, sin mayores observaciones. La segunda fue un poco más complicada, porque yo había hecho la salvedad de que quería que el proceso fuese lo más equilibrado posible, sobre todo porque sabía que en Argentina y Brasil, las experiencias exitosas en desarme fueron las que se desvincularon del asunto político. De manera que la idea era entrevistar tanto gente del oficialismo como de la oposición. Y ahí empezaron los problemas, porque se empeñaron en que entrevistáramos gente que no conocía la materia pero que era progobierno, como la presidenta de VTV, Tania Díaz. Y me impidieron entrevistar gente que conoce muy bien la violencia en Venezuela, pero que es abiertamente opositora, como el padre José Virtuoso.

“Llegamos a una lista de entrevistados medianamente equilibrada. El objetivo era hacer una narrativa de qué elementos consideran los expertos que han sido fundamentales en el crecimiento de la violencia en Venezuela; y entender qué situaciones comunicacionales habían apoyado ese incremento. Cuando las 14 entrevistas estuvieron listas, nos mandaron a editarlas, eliminando lo que no se apegara a las opiniones de los encargados de Comunicaciones de la Comisión Presidencial para el desarme. Por ejemplo, uno de los censurados fue Eleazar Díaz Rangel, quien afirmó que el cierre de la Oficina de Prensa del CICPC y el ocultamiento que hace el Gobierno de las cifras de violencia había contribuido a que los medios tergiversaran el tema, porque, según, él carecían de información confiable. Después de muchas horas de trabajo para editar sin cambiar el sentido de lo que habían dicho los entrevistados, se llegó a un material que en teoría iba a ser publicado y presentado a los medios en noviembre de 2012”.

“El tercer capítulo sería el pliego de recomendaciones para generar políticas públicas en Comunicaciones, que nacía básicamente del análisis de la investigación académica, de las entrevistas y de las experiencias que ya existen. Nunca aceptaron el pliego de recomendaciones, porque, supuestamente, sacaba el asunto del ámbito político. En su lugar, redactaron un documento con una serie de acciones que ellos proponían a la Comisión y, a pesar de que se había acordado presentar todo a los medios con nosotros incluidos en la convocatoria, nunca hicieron esa presentación y jamás nos volvieron a llamar. Semanas después encontramos los documentos publicados en su web site. Todos habían sido purgados de nuestras introducciones. Y no estaba el pliego de recomendaciones”.

–Nos advirtieron –concluye Gaby Arenas- que habíamos firmado un contrato que nos comprometía a no usar ese material para ningún otro fin. Como lo que queremos es difundir esa experiencia, lo que hemos hecho es volver a entrevistar a todos y a otros más que ellos habían censurado. Y publicaremos las entrevistas en el marco de una investigación académica, a finales de 2013, porque muestro objetivo es contribuir a que en Venezuela exista comunicación social proclive a la cultura de paz y al desarme.

–¿Sabe usted por qué no se ha aprobado la Ley de Desarme en la Asamblea Nacional?

–En palabras del coordinador técnico de la Codesarme, Pablo Fernández, los retrasos del año pasado obedecen a que el gobierno no quería vincular la aprobación de la ley a la agenda política (elecciones presidenciales en octubre). Pero, según me han dicho algunos comisionados, el rezago tiene que ver con los intereses económicos que rodean el asunto.

 

Publicado en Revista Clímax, septiembre de 2013