Milagros Socorro

En reciente entrevista el catedrático norteamericano Scott Mainwaring, experto en política de América Latina, dijo que estaba muy pesimista con respecto al futuro de Venezuela, cuyos escenarios posibles, al parecer del experto, están en manos de las fuerzas armadas. “O bien el Ejército como un bloque acaba derribando a Maduro como una forma de intentar salvar la ‘revolución chavista’ o bien una fracción del ejército toma la decisión de acabar con el actual gobierno”.

A juicio de este observador, no hay otra perspectiva para Venezuela. Y no es el único que tiene esta percepción. El chavismo, con Maduro a la cabeza, lleva semanas insistiendo en que las protestas que se han desbocado por todo el país son un golpe de Estado continuado (como si los golpes de Estado se produjeran por cuotas y pudieran ser asestados por civiles que en las calles portan pancartas y lanzan piedras ala  Guardia Nacional y los escuadrones de la muerte). A esta tesis de la asonada a pedacitos se ha sumado cierta prensa que en la mañana reseña con timidez las violaciones del régimen a los derechos humanos y en la tarde intentan justificarlo con remiendos de consignas gastadas.

El profesor Mainwaring asegura que “la movilización ciudadana en las calles, por sí misma, no va a provocar que Maduro renuncie”, pero prevé que “sí puede provocar mayor represión o facilitar algo el diálogo”. Esto último es la clave del asunto. Cuando comenzó este ciclo de protestas, el Gobierno actuaba como si fuera una monarquía absolutista, que no debía dar cuentas a nadie, ni tenía controles ni escrutinios, ni límites para sus desmanes y francos actos criminales.

La Mesa de la Unidad Democrática se debatía entre dos posiciones, defendidas respectivamente por Henrique Capriles y Leopoldo López/María Corina Machado. La primera apuntaba a que debía desplegarse un trabajo político para configurar una mayoría que garantizara el cambio de gobierno por la vía institucional; y que era el momento de no distraer al país, de manera que el Gobierno quedara solo con su fracaso, sin que nada distrajera las culpas que se le achacarían.

Machado y Leopoldo creían, en cambio, que era preciso dar cauce al inmenso malestar de esa oposición acallada, humillada y perseguida; y que, precisamente porque el Gobierno estaría debilitado por la debacle económica, era el momento de crearle una crisis para obligarlo a negociar.

Luis Miquilena había declarado, en entrevista con Roberto Giusti, del 26 de enero de este año, que debía atenderse “el reclamo popular de una lucha sin cuartel». Los hechos le dieron la razón. Muy buena parte del país quería manifestar su descontento; y lo ha hecho de la manera más terca y valiente.

En esas declaraciones, Miquilena previó que “Cuando hay 100 mil personas levantando banderas reivindicativas puede acudirse, incluso, al camino del entendimiento y del diálogo”. Y dejó muy claro que no se refería “al diálogo entre el amo y el siervo, que fue el caso con los alcaldes, una vergüenza porque no hubo una posición viril y reveladora de la determinación de lucha que debe animar a la oposición”.

Dos meses después de publicada esa entrevista, hemos visto cientos de miles de personas levantando las banderas reivindicativas de las que hablaba Miquilena. También hemos sido testigos de la oprobiosa represión del régimen, que ya es conocido en el mundo por su talante sanguinario y torturador. Pero todavía no hemos visto un verdadero diálogo, que según Luis Miquilena, es el “que se da cuando las fuerzas se pueden parangonar y van a las conversaciones en ciertas condiciones de igualdad. No con una debilidad que impide, ni siquiera, pensar en la posibilidad de un acuerdo porque éste, al final, no serviría para nada”.

Por eso se habla de golpe de Estado. Porque, pese a su debilidad o quizá debido a ella, el Gobierno apuesta a la represión como única forma de acabar con las protestas (pese a la evidencia de que más las estimula). Y habla de diálogo al tiempo que ofende y amenaza. Por eso Mainwaring dice que “en la actual coyuntura la clave se encuentra en el papel que cumplan las Fuerzas Armadas”, porque el régimen no acepta interlocutores sino colaboracionistas.

Se prevé un golpe de Estado porque los Castro creen que con eso afianzarán su poder sobre Venezuela. Quizá porque han comprobado que Maduro no sirvió a sus fines y que es un babieca atravesado en sus objetivos.

Si hubiera una verdadera disposición al diálogo, que pasa por la liberación de los presos políticos y la apertura al nombramiento de autoridades confiables en las instituciones, juego no estaría tan trancado y no se hablaría de golpe de Estado.

Pero la orden es aplastar la cabeza del oponente venezolano y eso no lo van a poder hacer.

 

Publicado en El Carabobeño, el 19 de marzo de 2014