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Ahora sí, la Vicepresidencia / El Nacional, 11 – 07 – 2010

Ahora sí, la Vicepresidencia

Milagros Socorro

La operación es simbólica. Se cambia el nombre de Pdval a Cval y se traspasa la tarea de Petróleos de Venezuela a la Vicepresidencia. Lo que se aspira borronear no es la sigla Pdval sino la palabra Pudreval, ese puñetazo metafórico que no solo describe en alarde de síntesis lo que fue la estatal Empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), sino que dibuja un régimen corroído por la corrupción y la degradación de sus cabecillas.
El término Pudreval alude a una institución que resultó tapadera del fraude más colosal que se ha hecho contra la república. También a un régimen militar prostituido. Pero, sobre todo, Pudreval es el arquitecto del pudridero. Es un caudillo cuya trayectoria es la de un muchacho escuálido y naif, que quebranta la legalidad asido a unos ideales ripiosos y que, al describir una línea ascendente hacia la hegemonía, hace combustión como esos planetas erráticos que estallan en las tinieblas del universo. Su carburante fue la ambición de potestad ilimitada y la total falta de escrúpulos: nada contuvo su progresivo envilecimiento. Es el capo de una red de corruptos y traficantes de poder. Él mismo es Pudreval. Y eso no es un remoquete. Es un retrato hablado.
En el afán de relanzar el modus operandi, la importación y distribución de alimentos será absorbida por la Vicepresidencia. Elías Jaua, gran factor de destrucción de la producción nacional, se pondrá al frente de la importación de alimentos que él mismo, como ministro de Agricultura y Tierras, se encargó de segar en el país. Un círculo bordado en el tambor del demonio.
Si esto fuera poco, resulta que la Vicepresidencia está hasta el cuello en la maraña de irregularidades. No es, ni de lejos, que la Vicepresidencia sea una institución honorable y tenga las manos limpias de moho.
El 19 de febrero de 2008, ante la congestión de los puertos por el inmenso volumen de importaciones, se modificó la Ley Orgánica de Aduanas para cambiar el tiempo que podían estar las mercancías en los puertos de 35 a 15 días: si pasaban 15 días y los bienes adquiridos en el extranjero no eran retirados de los almacenes, el Estado los declaraba sujetos a abandono legal (cuando eran bienes considerados de primera necesidad o sometidos a control de precio) y pasaban a propiedad pública.
Dos días después, el 21 de febrero de 2008, se promulgó el Decreto 5.879 de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Aduanas, publicado en Gaceta #38.875, para crear una Comisión Presidencial que decidiría, “de acuerdo al interés nacional y la naturaleza de las mismas, si tales mercancías serán objeto de remate o si serán adjudicadas directamente al Ejecutivo Nacional”. Esa comisión estaba conformada por Ramón Carrizález Rengifo, Vicepresidente de la República y Presidente de la Comisión Presidencial; Alí Rodríguez Araque, ministro de Economía y Finanzas, Eduardo Samán, ministro de Comercio y José David Cabello Rondón, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario y secretario de la Comisión Presidencial.
Hubo mercancías “declaradas legalmente abandonadas”, que llegaron por gestión de privados. Estas fueron las menos, desde luego, ya que nadie gasta su dinero en una importación para perderlo. Y hubo muchísimas de esas cargas que llegaron por adquisición gubernamental; y que luego nadie reclamó, principalmente porque el objetivo de esas adquisiciones era el cobro de comisiones por parte de funcionarios, no su distribución en los mercados. Embolsada la coima, no se interesaron en sacar la carga de los puertos.
Una vez declarada carga en abandono legal, el Seniat la ponía a la orden de la Comisión encabezada por el Vicepresidente, que entonces iba a las aduanas, inspeccionaba las cargas y actuaba según tres competencias: destruir la carga (por ejemplo, licores), incinerarla (comida y medicamentos vencidos) o adjudicarla a quien consideraba pertinente, podía ser hospitales, redes de venta (en cuyo caso hay un provecho monetario), en fin, hacía con eso lo que a bien tuviera.
El caso es que muchos contenedores fueron sacados por la Comisión y se ignora qué hicieron con su contenido: si lo vendieron, lo regalaron, se lo repartieron… no se sabe. Lo que sí nos consta es que hubo miles de toneladas que quedaron en los puertos, que la Comisión, obviando su responsabilidad, los dejó ahí, tirados. Que se pudrieran, al carajo pues.
Esa Vicepresidencia, que ya demostró indolencia, lenidad y complicidad con la pérdida de toneladas de alimentos importados con recursos de la Nación, será la encargada de albergar la nueva Pudreval. Vamos aviados.

El Nacional, 11 de julio de 2010