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Unas son más iguales que otras / El Nacional 28. 08. 2011

En reciente artículo de prensa la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz, pontificó acerca de la igualdad. Dijo que los paradigmas de división y dominación “requieren de una transformación humanista que, en esencia, conlleve la igualdad de los seres humanos […]. Una aproximación a tan deseado cambio cultural significa asumir plenamente la defensa de la mujer”.

Sin embargo, cuando el semanario 6to. Poder hizo un fotomontaje donde ponía su retrato y el de otras altas funcionarias del régimen en los cuerpos de bailarinas, la fiscal Ortega Díaz se encrespó: en la igualdad que ella postula hay unas más iguales que otras. Las doñas que cumplen las órdenes de Chávez son iguales entre sí, pero no admiten ser emparejadas con cabareteras. Y no porque la caricatura aludía evidentemente a la alcahuetería que unas y otras practican, sino porque a las encopetadas de la revolución las ofende al ser comparadas con trabajadoras cuyos tacones hollan alfombras con lamparones. El intenso cacareo de las vestales bolivarianas dejó claro su desprecio por las asalariadas del cabaret. Esas no son suficientemente iguales.

El episodio sirvió para demostrar el repelús que las obreras del burlesque despiertan en las madamas de la mancebía política. Y, por unos días, se empleó también para distraer la atención de la masacre de mujeres que se ha estado perpetrando en Venezuela en los últimos años; y que en los días del escándalo tuve un escalofriante repunte.

Un reportaje publicado en Últimas Noticias dio cuenta de la sangrienta cosecha de agosto, en las mismas fechas en que las jerarcas se sacudían horrorizadas algún parecido con las fulanas del varieté.

El 5 de agosto, una banda de “robacarros” asesinó a Nilda García, de 49 años, propietaria de un transporte escolar de Guatire. El 14 de agosto,los pasajeros de un jeep que cubría la ruta Las Delicias de Carapita fueron secuestrados por un grupo hamponil; en el tiroteo, una niña de 14 años de edad cayó muerta de un balazo en el pecho. El 22 de agosto, Elialberth Uzcátegui Mendoza, estudiante de Medicina de 24 años fue asesinada al ser interceptada por criminales cuando salía de una guardia en el Hospital Universitario Ángel Larralde, en Carabobo.

Ofelia Álvarez, presidente de la Fundación para la Prevención de la Violencia contra la mujer (FUNDAMUJER), reveló que en Caracas mueren aproximadamente 4 mujeres a la semana a manos de su pareja o ex pareja. Y agregó que en estos casos de violencia existe un 96% de impunidad.

El reportaje de Efraín Castillo, “Golpes a mi puerta”, que esta semana que termina fue distinguido con el Premio Arturo Uslar Pietri, establece que: “Cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex pareja”, según datos aportados por el informe ‘Erradicar la violencia doméstica en Venezuela’, de la ONG Amnistía Internacional, donde queda demostrado que en este país casi 100 mujeres son vejadas diariamente por sus parejas.

“Por si fuera poco”, escribió Castillo en su nota publicada en El Universal, “el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres presentó estimaciones según las cuales 90% de los 1.604 feminicidios registrados durante 2009 tuvo como causa la violencia de género. Sin embargo, en Venezuela sólo funcionan tres albergues para atender estos casos”.

Qué distinta sería la situación si las mujeres en la cima del gobierno se ocuparan de esta acuciante realidad, porque lo cierto es que aunque las leyes han evolucionado, persiste la debilidad institucional, lo que prácticamente imposibilita la prevención y la asistencia a las víctimas.

La especialista María Cristina Parra expuso hace pocas semanas que la Constitución del 99 representa un avance en los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular, lo mismo que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV). Pero inmediatamente precisó que los inconvenientes de esta ley no residen en su contenido sino en su inadecuada aplicación. Y entre éstos destacó, entre muchos otros: dificultades para enjuiciar y sancionar a los agresores, debido a interpretaciones erradas de la ley por los jueces; y persistencia en solicitar a las víctima la presentación de un informe psicológico y social como requisito para dar curso a las denuncias y dictar medidas de protección y seguridad.

Esto es lo importante. No un fotomontaje que, por lo demás, expresa lo que buena parte del país piensa de la alegre complicidad con un gobierno pervertido por la corrupción y el autoritarismo.

El Nacional, 28. 08. 2011

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